¡NO ROBEMOS!: TODOS LOS QUE PODAMOS APORTEMOS LA PARTE JUSTA AL ESTADO

Es justo que todos los que podamos contribuyamos a los servicios públicos. Si existe una sanidad pública de la que todos somos beneficiarios es razonable pedir que a la financiación de la misma aporten todos los que estén en condiciones de hacerlo. Quien tiene una enfermedad o discapacidad que le impida trabajar no. Los niños y los jubilados que contribuyeron a lo largo de los años no. Pero los demás sí.

Con la educación de los hijos sucede lo mismo. Todos los niños tienen el derecho a la educación gratuita. Pero todos sus padres tienen la obligación de contribuir a la misma en la medida en que puedan. Y lo mismo con el resto de servicios e infraestructuras estatales que todos usamos, como el transporte subvencionado, las calles o las carreteras.

Por ello, quien no contribuye económicamente porque no quiere trabajar a pesar de que puede y está en edad de hacerlo, que dedique horas de trabajo comunitario en el sector público para tener acceso a estos servicios. Es de sentido común que todos tiren del carro y no unos sí y otros no ¿Por qué unos tienen que aportar y otros no? ¿Por qué esta desigualdad injusta? Para que el coche pueda funcionar bien tiene que apoyarse en sus 4 ruedas y no sólo en 3.

Por ello, lo sensato es también que los que perciben rentas mínimas y pensiones no contributivas y estén en condiciones de trabajar dediquen a cambio de ello horas de trabajo en el sector público. Incluso si tienen poca o nula cualificación, pueden dedicarse a la atención al público, jardinería, limpieza, vigilancia de museos, desbrozar bosques, etc. Y hacerlo con un número de horas equivalentes al importe de las prestaciones percibidas. Para que la balanza de la justicia tenga sus platillos más o menos al mismo nivel es necesario el equilibrio entre lo que se recibe y se da, es decir, un quid pro quo o, para entendernos mejor, un toma y daca.

Y lo mismo es aplicable a los alimentos gratuitos recibidos de ONGs subvencionadas por el Estado, así como otras ayudas financiadas por el conjunto de la ciudadanía. Porque obligar a ciudadanos honrados a trabajar gratuitamente parte de su tiempo, contra su voluntad, para aprovechados que pueden pero no quieren trabajar constituye un robo y una servitud o esclavitud a tiempo parcial.

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Al mismo tiempo, si el Estado abusa del contribuyente robando los gobernantes o funcionarios su dinero para metérselo en sus bolsillos o comprar votos a sus redes clientelares, o despilfarrando por intereses egoístas o de otras maneras, el ciudadano abusado no tiene por qué contribuir por encima de lo justo. 

Si una parte no cumple, la otra no tiene por qué hacerlo, siempre y cuando el incumplimiento de la segunda sea más o menos proporcional al de la primera. Los políticos han de ser los primeros en dar ejemplo de rectitud. Y cuando no lo son no pueden pretender que el administrado pague y calle sin rechistar. Porque aunque éste tiene el deber cívico de introducir sus billetes en la caja de todos, aportando a los recursos comunes, no está obligado a ser un bobo ni a permitir que le atraquen. 

Hagamos algo por crear una sociedad no abusiva, sino honesta, donde en vez de explotar a los demás se los respeta.

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Gracias por compartir si consideras que estas ideas contribuyen a una sociedad más equitativa y funcional.